Inquilinos de Queens se movilizan ante el riesgo de un desalojo repentino.
En el exterior del edificio rodeado de andamiaje por seguridad debido a las malas condiciones del techo y daños estructurales. Crédito: Ilvea Lezama
Por: Ilvea Lezama
En un edificio de cooperativa en el corazón de Elmhurst, Queens, la tensión ha ido en aumento. El dueño del edificio y de algunas unidades envió una carta a sus inquilinos avisandoles que venderá los apartamentos y advirtiendo que si no pueden comprar su vivienda, deberán marcharse. “No queremos crear ninguna dificultad…. Si deciden no comprar el apartamento, comience a pensar en mudarse en un futuro (cercano o lejano)” lee la carta.
Esto ha causado una crisis para un grupo de inquilinos de familias trabajadoras, que se han unido para apoyarse mutuamente. Algunos de los afectados hablaron con El Deadline, pero prefieren mantenerse en anonimato debido al miedo a represalias de parte del dueño de sus viviendas.
En este edificio de seis pisos y 82 apartamentos viven trabajadores de limpieza, artistas, personas de la tercera edad y personas con discapacidades entre las edades de 40 y 75 años. “Es una situación desesperante,” dijo una de las inquilinas explicando que algunos residentes que llevan décadas en el edificio, “si se dan cuenta de lo que estamos pasando, no sería bueno para su salud”.
Para muchos la opción de comprar el apartamento es inalcanzable. “El precio es altísimo, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del edificio y los problemas de mantenimiento”, dijo Rodolfo Ávalos quien vive en su departamento hace 22 años. Un apartamento en esta cooperativa se vendió por $400,000 en agosto de este año.
Además de la carta, los inquilinos están preocupados por el aumento repentino del alquiler, el cual subió 20% a principios de marzo. Algunos de los inquilinos llegaron a un acuerdo con el propietario para pagar solo el 10%.
Una nueva ley que fue aprobada en abril de este año: “The Good Cause Eviction Law” (La Ley de Desalojo por causa justificada, en español), dice que a partir del primero de mayo la tasa de inflación para la ciudad de Nueva York es de 3.82%. Por lo tanto, un aumento de alquiler de más del 8.82% podría ser considerado irrazonable.
En 1983 este edificio fue comprado por MSZ Realty, una firma dirigida por Mansour S. Zandieh, dueño y propietario de varios apartamentos de la cooperativa. El Deadline trató de contactar a Zandieh para obtener un comentario pero no obtuvo respuesta. es dueño de otros edificios residenciales en Queens y ha sido denunciado por las malas condiciones de varios de ellos. En Elmhurst hay denuncias en su contra desde hace más de 15 años. Actualmente enfrenta una demanda por las malas condiciones de la acera de otro de sus edificios en College Point, según documentos judiciales.
En Elmhurst existen reclamos de que los apartamentos tienen divisiones ilegales, las cuales presuntamente fueron añadidas por el propietario, algo que ha sido denunciado ante el Departamento de Edificio de la Ciudad de Nueva York [DOB por sus siglas en Inglés]. Ante preguntas de El Deadline, el DOB explicó que sí han recibido quejas sobre las divisiones ilegales, “pero muchas de esas denuncias no dan el número de apartamento. Sin esa información, explica la autoridad, es difícil hacer un seguimiento en un edificio de 82 apartamentos”.
“Al principio del año, respondimos a una queja que sí tenía el número de apartamento, los inspectores descubrieron que se habían instalado dispositivos de bloqueo con llave en todas las puertas de las habitaciones, separando ilegalmente el apartamento y bloqueando el acceso a la escalera de incendios”, dijo Andrew Rudansky, secretario de prensa del DOB. Como resultado la agencia emitió una infracción de más de seis mil dólares al propietario.
“A mi me han estado cobrando todos estos años por un apartamento de tres cuartos, cuando claramente solo es de dos. Uno de los cuartos en mi apartamento no tiene ni ventilación y en el verano no se puede ni respirar”, dijo un residente.
Según el Departamento de Edificios, las conversiones ilegales plantean graves riesgos de seguridad para los inquilinos y los socorristas del departamento de bomberos, ya que crean condiciones inseguras.
La falta de mantenimiento ha hecho que el edificio se convierta en un lugar cada vez más inhabitable. A principios del mes de Noviembre, el ascensor tenía semanas fuera de servicio, según dijeron varios inquilinos, lo que representa un desafío para aquellos que viven en los pisos más altos.
El DOB recibió una denuncia en septiembre sobre el mismo elevador, la cuál aparece como resuelta pese a que el aparato seguía sin funcionar. Sobre esta discrepancia, el DOB dijo que en el momento que el inspector fue a revisar el edificio el elevador estaba trabajando. “No se justifica ninguna infracción por queja en el momento de la inspección”, señaló la agencia.
Estos tipos de problemas fueron denunciados a la compañía de mantenimiento y reparaciones, Alexander Wolf and Co. quienes se encargan del edificio. Luis Carrión, el ex superintendente del edificio fue quien hizo estas denuncias a la compañía. El fue despedido de su trabajo a principios de este año sin razón alguna, según los inquilinos.
El Deadline contactó a Carrión, pero no quiso hacer comentarios sobre el asunto. La firma Alexander Wolf and Co tampoco contestó a las consultas de El Deadline.
“Luis fue el único en muchos años que trabajó de manera eficiente para resolver problemas y mantener el edificio en jaque”, dijo uno de los inquilinos. “Hasta escribimos una carta rogando que lo volvieran a contratar”.
Según la guía estatal de derechos de los inquilinos, las reparaciones de las unidades son obligación del propietario. Los dueños de la propiedad tienen que mantener los apartamentos y las áreas públicas en buen estado. También están obligados a mantener los sistemas eléctricos, plomería, sanitarios, la calefacción y ventilación. Todas las reparaciones deben realizarse dentro de un tiempo razonable que puede variar según la gravedad de las reparaciones.
Los inquilinos de este edificio se reunieron con la oficina de la senadora estatal Jessica Ramos. Quien les prometió ayuda para contactar a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. A pesar de la iniciativa de la oficina de la senadora Ramos, no ha habido ninguna respuesta, según los inquilinos.
El Deadline contactó a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero no hubo respuesta.
Mientras tanto, los inquilinos afectados enfrentan la dura realidad de los altos precios del alquiler. Muchos están atrapados entre la espada y la pared: si deciden mudarse, no hay garantías de encontrar un lugar asequible, y, si permanecen, podrían enfrentarse a un desalojo o a un futuro incierto en un edificio que se deteriora rápidamente.
