Ante la falta de soluciones a largo plazo para un retiro digno, las opciones de las personas de la tercera edad indocumentadas se basan en ayudas de alivio diario y en continuar trabajando, incluso cuando su estado de salud no lo permite.

Seniors jugando a dominó y bingo en el centro Los Sures, Brooklyn. Foto: Mariado Martínez

Por Mariado Martínez y Eduardo González

La primera vez que llevaron a Luis Rosas, de 65 años, al hospital a bordo de una ambulancia, fue a mitad de su jornada de trabajo. Mientras estaba detrás de la caja registradora atendiendo a los clientes de un deli ubicado entre la calle 62 y la avenida 18, en la zona de Bensonhurst, Brooklyn, sufrió un desmayo debido a una hiperglucemia, producto de su hipertensión. “Me agarró un mareo y me caí. Sólo estaba un muchacho que era nuevo y no fue hasta que llegó el dueño del negocio que llamaron a la ambulancia”, contó.

Rosas explica que en su caso, desde el inicio de sus padecimientos, todas sus consultas y tratamientos médicos corren a cuenta del Medicaid del estado de Nueva York, que cubre servicios de urgencias para todas las personas sin importar su condición migratoria.

Sin embargo, el cobro de las cuatro veces que ha solicitado ambulancias -que van desde los $800 a los $1000-, han tenido que ser costeados por él y por su pareja Guadalupe (quien prefiere no compartir su apellido), en planes de abonos; que se suman a sus gastos mensuales de renta, alimentación y servicios que por sí solos ascienden a los $3,000 mil dólares.

Guadalupe cuenta cómo se suman gastos del día a día como la despensa o el alquiler. Ellos tienen la suerte de que su casero conoce y tiende una mano a la situación: “nos cobra la renta, claro que sí, pero nos da mucha flexibilidad, gracias a Dios tenemos ese privilegio”, dice. Para la comida cuentan, por un lado, con el sueldo de Don Luis; por otro, con el huerto donde cultivan y venden tomates, jalapeños, cilantro y pápalo; y finalmente, con una red de amigos que se pasa de vez en cuando a dejarles un plato de comida.

Al no tener documentos, Rosas no es elegible para los programas públicos de retiro como el Social Security y Medicare, por lo que no le queda más opción que trabajar esporádicos turnos en el deli entre sus constantes idas al médico y emergencias de salud, lo que no le permite obtener ingresos constantes.

Su caso no es aislado, el Departamento de Asuntos Migrantes de la ciudad de Nueva York estima que él es una de las 78 mil personas por encima de los 65 años de edad que viven en la ciudad sin documentos legales para residir y trabajar en Estados Unidos, y que por consiguiente, no pueden acceder a ningún esquema público de retiro que les garantice vivienda, alimentación y un ingreso económico fijo. Incluso pese a haber contribuido fiscalmente a lo largo de los 34 años que lleva viviendo en la ciudad.

De acuerdo con el Institute on Taxation and Economic Policy, en un informe de 2016, las personas inmigrantes indocumentadas aportan alrededor de $11,740 millones de dólares en impuestos estatales y locales anualmente. Además, de acuerdo con cifras de New American Economy, aportan casi $12,000 millones de dólares al Social Security Fund y $3,000 millones más al Medicare cada año. Sin embargo, trabajadores como Rosas no pueden acceder a ningún beneficio de estas contribuciones fiscales ya que fueron tributadas bajo un Número de Seguridad Social que no es suyo.

Desde el principio de su administración, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul propuso contemplar a las personas de la tercera edad indocumentadas como potenciales beneficiarios de programas de acceso a salud y retiro, pero no fue hasta abril de 2022 que, siguiendo el ejemplo de estados como Colorado y Washington, anunció que haría una solicitud de presupuesto al gobierno federal para ampliar la cobertura. Sin embargo, la acción no tuvo efecto y en el último presupuesto estatal la propuesta fue omitida.

Para investigadores como Bill Hammond, del instituto de análisis económico de corriente liberal Empire Center, una de las principales dificultades es que no se tiene información con validez estadística sobre cuántas personas existen en esas condiciones, lo que, explica, crea el riesgo de que la ciudad asuma compromisos sin saber si puede permitírselo en términos de presupuesto.

Además, detrás de estos debates legislativos hay un componente político. “En primer lugar, el estado tendría que declarar públicamente que tenemos la intención de proporcionar seguro de salud gratuito a las personas que están en este país ilegalmente o sin documentación (sic), y entonces, la administración Biden tendría que decir, ‘sí, estamos de acuerdo’”. Esto haría que públicamente asumieran una posición respecto a los votantes, añadió Hammond.

Alternativas a corto plazo

Entre tanto, como una alternativa de solución inmediata, el Departamento de Personas Mayores (Department of Aging) financia más de 300 centros en la ciudad. En la mayoría se ofrece servicio diario de comida caliente, servicio semanal de despensa, y actividades de entretenimiento. Algunos centros también ofrecen los servicios de asistentes sociales que se encargan de, entre otras cosas, ayudarles a aplicar a programas públicos de servicios básicos como vivienda y alimentación.

Seniors en el centro Los Sures, Brooklyn. Foto: Mariado Martínez

La única condición para beneficiarse de estas ayudas inmediatas es tener más de 60 años, criterio que viene dado por el Departamento de Personas Mayores. El estatus migratorio no es un obstáculo. Esto lo confirman desde dos plataformas hispanas: RAICES (con centros en Queens y Brooklyn) y Los Sures (con centro en Brooklyn).

Para seguir recibiendo financiación del Departamento, que en el año fiscal 2022 destinó más de $269 millones, los centros deben llevar a cabo un conteo de las personas beneficiadas por los servicios, pero no se requiere presentar datos que expongan la situación migratoria de los adultos mayores.

Guadalupe cuenta que tardó en conocer los programas de acceso a despensa por parte de centros y de la ciudad. “De momento no sabíamos donde daban comida, no teníamos claro que se podía”, explicó.

El desconocimiento, la desinformación y el miedo son los factores clave que alejan a los seniors indocumentados de acudir a estos lugares. “La falta de información disponible es uno de los problemas que tenemos como comunidad. El sistema y la burocracia de la ciudad diseminan la información para beneficiar a los grupos que ellos deciden. Todos tienen derecho a estos servicios, y es algo que la gente no sabe. Luego también hay temor a las represalias, a que vengan a deportarlos”, expone Cassandra Acebedo, Secretaria de la Junta de Directores de la organización Los Sures.

El Departamento de Personas Mayores comentó que han destinado esfuerzos para informar a las personas sobre los servicios que estos lugares ofrecen. “Lanzamos la campaña Únete a nosotros, que se publicó en (diarios) impresos y en Internet (…) en los idiomas más populares entre las personas mayores: inglés, español, ruso y chino”.

Sin embargo, Inés Pinzón, trabajadora social en RAICES Astoria, también comenta: “Esto es una organización para hispanos, se habla español, pero hay mucha gente que no viene. Yo creo que es más por el miedo de que les pidan los documentos (…) Hay poca información, debería haber algo especial para ellos, un contacto directo. No están informados de que existen estas organizaciones”, opinó.

Con todo, estas organizaciones constituyen una red de alivio inmediato pero no una solución a largo plazo. La precariedad de la situación presenta un destino que también identifican desde los centros: el de continuar trabajando.

Rosas lo repite continuamente: “Yo solo estoy esperando a recuperarme para poder volver al trabajo”.